El 5 de marzo del año pasado el Gobierno Nacional, a través del DNU 214/2020, prohibió la participación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en causas judiciales. Ello como resultado de la intervención realizada en dicho organismo, en diciembre del 2019, con la misión de llevar a cabo un reordenamiento institucional e impulsar una ley que funde las bases de un nuevo modelo de inteligencia.

A la par se creó un Consejo Consultivo para asesorar a dicha intervención que, en el mes de octubre de 2020, presentó una propuesta concreta de anteproyecto para reformar la Ley Nacional de Inteligencia, con lineamientos democráticos que permitan nutrir los trabajos que ese organismo debe sugerir al Poder Ejecutivo Nacional. Esta tarea tiene una enorme relevancia institucional y, por lo tanto, su correcta regulación se torna fundamental para construir un modelo de inteligencia útil y profesional para el futuro que mejore la calidad de las decisiones que se deben tomar desde el gobierno en los asuntos que le son propios.