Organizaciones que integran ICCSI (Cels, Fundación Vía Libre y el Ilsed) presentaron observaciones críticas sobre las actividades de inteligencia denominadas “ciberpatrullaje” y acerca de la propuesta de reglamento para regularlas realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Tanto Fundación Vía Libre como el ILSED brindaron una serie de argumentos vinculados a la vulneración de los derechos humanos que implica una actividad, tal como se pretende regular, y sin dejar de entender la necesidad y urgencia que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación de garantizar la protección de las todas las personas en un contexto excepcional como es la actual emergencia sanitaria, recomendaron enfáticamente que se deje sin efecto la propuesta de reglamento, se derogue la normativa vigente y se reemplace por una normativa acotada a determinados delitos de gravedad, con las consideraciones aportadas en este documento, hasta tanto sea posible la discusión democrática que exige la Constitución Nacional en el seno del Congreso de la Nación. Además, las organizaciones se pusieron a disposición para realizar aportes.
Por su lado, el CELS propuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación derogue la Resolución 31/2018; que no se apruebe el proyecto de protocolo y que, con la participación de otros especialistas y actores relevantes, el Ministerio promueva una discusión legislativa; que, hasta tanto se discuta y clarifiquen los alcances de esta herramienta y sus adecuados controles, las fuerzas federales de seguridad dejen de realizar las actividades de vigilancia indiscriminada en fuentes abiertas que denominan “ciberpatrullaje”; que se convoque al Consejo de Seguridad Interior para evitar que las policías del país continúen realizando este tipo de vigilancia indiscriminada de fuentes abiertas y que a partir de una normativa general se discutan protocolos para todas las policías provinciales.