En 2017, desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia realizamos un pedido de acceso a la información pública a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre el régimen de administración de fondos reservados, los datos cuantitativos sobre interceptación de comunicaciones, los acuerdos de intercambio de información de inteligencia con otros países y la regulación interna sobre categorías y procedimientos de clasificación y desclasificación previstos por la ley.

En ese entonces la AFI rechazó el pedido con el argumento de que ponía en riesgo la seguridad nacional por lo que recurrimos al poder judicial. El juez de primera instancia repitió los argumentos de rechazo de la Agencia y sostuvo que se trataba de información secreta por el solo hecho de estar en poder de la AFI. Apelamos, ya que esta interpretación contradice los estándares constitucionales y convencionales de acceso a la información pública. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal no se pronunció sobre el fondo de nuestro reclamo ni valoró los argumentos dogmáticos de la AFI para negar el acceso. Por este motivo, recurrimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ayer, el Ministerio Público Fiscal envió su dictamen a la CSJN y sostuvo que las y los jueces deben analizar el contenido del secreto o de las excepciones que alegan los organismos de inteligencia, en vez de conceder dogmáticamente la justificación de la seguridad nacional. Ahora, la Corte debe hacer lugar a la acción y garantizar el derecho de acceso a la información pública.

El reclamo fue parte de una estrategia conjunta con varias organizaciones de derechos humanos del mundo a las agencias de inteligencia de sus países para conocer información sobre los procesos de colaboración de agencias que quedan ocultas. Los resultados de esa estrategia pueden leerse aquí. Nuestro país fue el único que no aceptó responder al pedido de acceso.

Este caso trata un aspecto central del funcionamiento del sistema de inteligencia, que es el alcance del secreto. Una reforma a la ley, como ha propuesto el Poder Ejecutivo, debería saldar los problemas que aqui están en litigio.