El miércoles 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso una nueva intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por dos años prorrogables por igual período y designó a Silvestre Sívori como interventor.

El DNU Nº 22/2023 dispone que el interventor debe revertir o reformular las decisiones que se tomaron desde la reforma de la Ley de Inteligencia en 2015 y de la intervención de estos últimos cuatro años, y le otorga facultades suficientes para que pueda hacerlo. Las directivas dadas reafirman la ausencia de una política de Estado en materia de inteligencia nacional. El sistema político ha fracasado en acordar una reformulación del sistema de inteligencia, democratizarlo, transparentarlo y hacerlo eficaz para proteger los intereses nacionales.

La inteligencia nacional, entendida como la producción de conocimientos sobre problemas defensivo-militares y criminales para la toma de decisiones de las autoridades, es vital para cualquier Estado. En la Argentina han sido infructuosos los intentos de construir un Sistema Nacional de Inteligencia coherente con una democracia moderna y las necesidades reales de inserción de la Nación en el mundo. Desde la sanción de la Ley 25.520, en el 2001, pasando por las sucesivas reformas reglamentarias y las intervenciones decretadas, no se ha logrado replantear las bases de un organismo creado en el contexto de un mundo bipolar que ya no existe. Urge pues realizar un cambio profundo, estructural, orientado a construir una institución profesional, moderna, controlable e inmune a su utilización como instrumento de intereses sectoriales espurios.

La ausencia de conducción política de estos asuntos impide conformar un organismo dotado de una burocracia especializada guiada por una carrera profesional. Este desgobierno permite la proliferación de prácticas irregulares destinadas a la manipulación y comercio de la información, e impide cortar con vínculos históricos con la justicia federal. Tampoco los dispositivos de contrainteligencia permiten identificar ni conjurar las actividades de inteligencia de actores, organizaciones criminales u otros Estados en nuestro país. Por todo ello resulta imperiosa una reformulación institucional completa.

Toda las actividades de los diferentes organismos siguen caracterizadas por una visión anacrónica de la seguridad nacional y de un secretismo injustificable para una democracia moderna, incompatible con principios básicos como el acceso a la información y el control político y ciudadano de las actividades de inteligencia. Esta idea se refuerza con las respuestas represivas, de criminalización de activistas y de vigilancia frente a las llamadas “nuevas amenazas”.

Los controles institucionales y jurisdiccionales cobran, en este escenario, una importancia crítica. Sin embargo, el control parlamentario que corresponde a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, ha sido mínimo. La investigaciones judiciales en curso han mostrado que la revisión judicial no controla realmente a los organismos de inteligencia y ha convalidado, a través de interpretaciones parciales y forzadas, hechos delictivos de vigilancia e inteligencia ilegal.

Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia procuramos aportar nuestra visión y experiencia en todos los intentos de reforma, pero no hemos logrado impulsar los avances necesarios para esa refundación. Propusimos nuevas bases institucionales con ideas y normas concretas para el cambio, que debe ser asumido sin medias tintas, sin falsas prudencias y sin intenciones ocultas. La gravedad de los daños que este sistema espurio ha causado a la sociedad es enorme y la dirigencia política, que ha sufrido alternativamente las consecuencias de su manipulación, no ha demostrado hasta el momento la voluntad política necesaria para encarar esta profunda transformación.

Ponemos a disposición de toda la dirigencia política y social el proyecto de ley que diseñamos y enviamos en 2020 a la Intervención de la AFI. Contiene, a nuestro juicio, las bases para un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. Ya fuere que se opte por este u otros modelos posibles es indispensable dar un amplio debate y sentar acuerdos para la refundación de un sistema pensado para la protección del sistema democrático. Ello debe incluir una revisión de los dispositivos actuales de producción de inteligencia para la defensa nacional y la seguridad interior.

Esperamos que, luego de tantos intentos fallidos y parciales, podamos discutir estos temas con la profundidad y la urgencia indispensables.

Rafael Bielsa

Alberto Binder, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre

Enrique Chaparro, Fundación Vía Libre

Paula Litvachky, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Juan Gabriel Tokatlian

Margarita Trovato, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)/Fundación Vía Libre