La ICCSI solicitó a la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que adopten las medidas adecuadas para investigar los hechos ventilados el pasado 11 de enero por el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación sobre Gustavo Arribas, actual Director General de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Según su nota, en 2013 Arribas recibió cinco transferencias por cerca de seiscientos mil dólares a su cuenta personal en Suiza provenientes de una empresa fantasma usada para el pago de coimas, lavado de dinero y evasión según la justicia brasileña.

Los hechos sucedieron en el año 2013, pero se suman a la larga lista de actividades sospechosas que motivaron que, en julio pasado, quienes integramos la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) presentáramos una impugnación[1] a la postulación de Arribas para ocupar el cargo que hoy ejerce. Lamentablemente, la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, presidida por Rodolfo Urtubey, y luego la enorme mayoría de los senadores nacionales, desoyeron las advertencias que formuláramos, y sin siquiera indagar respecto de los antecedentes del candidato, dieron su aval para que un escribano dedicado a la compraventa de jugadores de fútbol esté a cargo del organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional. Además de su absoluta falta de formación para el ejercicio del cargo, las omisiones en su CV para conocer su relación actual con empresas y sociedades anónimas en las que participó, señalamos acerca de Gustavo Arribas sus antecedentes en el negocio del fútbol, como representante e intermediario de jugadores y clubes, una modalidad de negocios cuestionada por la falta de transparencia y las posibilidades que ofrece para la evasión y el lavado de dinero, entre otros delitos. Por esa actividad, Arribas fue vinculado a cuestionadas operaciones de triangulación de jugadores con el fin de evadir impuestos, y mantiene una causa penal abierta.

En ese sentido, Alconada Mon también informó que la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, en abril de 2016 recibió una alerta desde el exterior a causa de las transferencias de dinero en 2013, sin transmitir información alguna a la justicia federal. Más recientemente, también el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), denunció que en la UIF y la DGI ya existen antecedentes de Arribas por operaciones sospechosas relacionadas con el pase de Carlos Tevez a Corinthians, y que además “…estaría realizando actividades particulares que podrían ser incompatibles con el cargo de Director General de la Agencia Federal de Inteligencia…Arribas se encuentra listado como intermediario registrado activo en la AFA”. Por último, apuntó a posibles inconsistencias e irregularidades en su declaración jurada de bienes.

Aún no se conoce información oficial que permita esclarecer los hechos dados a conocer por el diario La Nación y por el CIPCE, ni el origen del dinero o el contexto de relaciones económicas del titular de la AFI con personas y firmas vinculadas a la comisión de delitos. Primero el Ministro de Justicia y luego el Presidente de la Nación minimizaron los hechos, al decir que “es un cuento que parecía atractivo pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema” y agregó que la transacción de Arribas con un cambista que tenía entre sus clientes a Odebretch es una “coincidencia”.

Por ello, la ICCSI requirió a las autoridades competentes que investiguen con celeridad los hechos. Advertimos también sobre la dudosa viabilidad de cualquier investigación que pretenda indagar sobre quien ejerce el cargo de titular de la AFI mientras continúe en su rol, ya que tiene acceso a mecanismos que pueden obstaculizar cualquier tipo de pesquisa. Más si se tiene en cuenta que estos acontecimientos se inscriben en un marco de sostenimiento absoluto del secreto de las actividades de inteligencia. Corresponde que el sistema político adopte un serio compromiso y rol de control claro frente a un sistema de inteligencia en crisis por su opacidad y actividades ilegales. Es fundamental que se den los mensajes necesarios para forzar que quien esté a cargo de la AFI demuestre una trayectoria transparente y no se encuentre vinculado a actividades económicas asociadas al lavado dinero y la corrupción.

Es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal y de la justicia federal avanzar las investigaciones penales correspondientes, de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia convocar al funcionario para que brinde las explicaciones que correspondan y de la Oficina Anticorrupción arbitrar las medidas necesarias para despejar las sospechas que pesan sobre el actual Director General de la AFI.

Quien dirija el organismo que encabeza el sistema de inteligencia nacional no puede contar únicamente con el respaldo del Presidente de la Nación, sino que debe inspirar confianza en toda la sociedad.

[1]http://iccsi-new.local/agencia-federal-de-inteligencia-impugnacion-a-arribas-y-majdalani-por-falta-de-idoneidad/

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Fundación Vía Libre

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET)

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Para conocer el texto de la nota dirigida al Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia haga clic aquí

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