El pasado jueves 1º de marzo, se conoció que la Policía Federal de Brasil (Delegación de Corrupción y Delitos Financieros de la Superintendencia Regional en San Pablo) se encuentra realizando una investigación criminal en el marco de la cual se señala al escribano Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como destinatario de USD 850.000 transferidos a través de una estructura financiera y empresarial dedicada al lavado de dinero y la evasión fiscal. La investigación, conocida como “Operación Descarte” es una nueva derivación del Lava Jato.

Esta no es la primera vez que Arribas es mencionado como receptor de fondos de origen ilícito en cuentas bancarias a su nombre. En enero del 2017, durante el Lava Jato brasileño, Arribas fue acusado de recibir dinero proveniente de una empresa fantasma, en una operación que podría tratarse del pago de sobornos de la empresa Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento. El operador de la transferencia también fue Meireles, por lo que no queda claro si se trata de la misma operación bancaria o habría otras nuevas. Pero sí es a todas luces evidente que nunca fueron despejadas las dudas generadas por las primeras acusaciones, alimentadas por las contradictorias explicaciones del funcionario y ahora reforzadas por la causa Operación Descarte.

El 1 de agosto de 2016, la ICCSI presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, una extensa y documentada nota con observaciones referidas a la falta de idoneidad del Director General y Subdirectora General de la AFI para cumplir adecuadamente las responsabilidades inherentes a dichos cargos. En particular, respecto del escribano Arribas, como ICCSI señalamos la ausencia de formación o experiencia específica, severas omisiones en el Curriculum Vitae acompañado en el pliego, su participación en el negocio del fútbol y una causa penal por evasión impositiva. Ya en 2016 advertíamos acerca de la ausencia de idoneidad para estar en el cargo pero además, la falta de transparencia de las actividades profesionales previas de Arribas y el estrecho vínculo y potencialidades que ofrecen para la comisión de delitos como asociaciones ilícitas, evasión, lavado de dinero y fuga de divisas.

Ahora transcurrió más de un año de la primera denuncia, pero ni la Oficina Anticorrupción (OA), ni justicia federal ni la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia cumplieron con su deber de investigar la naturaleza de los hechos y la eventual responsabilidad del funcionario.

La OA nunca respondió al pedido de investigaciónrequerido por la ICCSI ni evaluó la denuncia presentada por el Centro de Investigación y Prevención dela Criminalidad Económica (CIPCE), advirtiendo que ya existían antecedentes de Arribas por operaciones sospechosas relacionadas con el pase de Carlos Tevez a Corinthians, que se observan posibles inconsistencias e irregularidades en su declaración jurada de bienes y que además “…estaría realizando actividades particulares que podrían ser incompatibles con el cargo de Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, pues Arribas se encuentra listado como intermediario registrado activo en la AFA”.

El juez federal Canicoba Corral dictó el sobreseimiento de Gustavo Arribas sin siquiera esperar los resultados de los exhortos remitidos al banco suizo y sin tomarle declaración al señor Meirelles. Su proceder fue tan obsceno que el fiscal Delgado apeló. Pero el fiscal de Cámara, Germán Moldes, desistió de la apelación y ahora la causa se encuentra al filo del cierre, sólo porque el fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Rodriguez, interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo de la PIA es muy claro: “ninguna información existente en la investigación es suficiente para sostener que los hechos de intermediación en un soborno (ofrecimiento y/o dación) no ocurrieron.” Pero en la sede judicial de Comodoro Py, hasta el momento priman los artilugios jurídicos que permitieron eludir la investigación.

Por otro lado, en el marco de la Comisión Bicameral de Fiscalización, integrada por senadores y diputados de la Nación, se realizaron dos reuniones a las que asistió el funcionario. Sin embargo, nunca se aceptó que las explicaciones se dieran frente a legisladores externos a la comisión y, más importante aún, en audiencia pública. Ello permitió que Arribas se escude en el secreto que rige, injustificadamente, en las reuniones de la comisión y se ampare en la benevolencia de un cuerpo cuya mayoría responde al oficialismo.

En una extraordinaria combinación de argumentos, se esgrime que Arribas no puede ser juzgado porque la acusación es por hechos previos a su responsabilidad como funcionario público, pero  se utiliza su condición de tal para evitar una investigación de cara a la sociedad. Con estas gentilezas, Arribas logró permanecer en el cargo. No porque hubiera logrado refutar las acusaciones en su contra, sino porque ningún organismo del Estado tuvo la independencia de criterio necesaria para realizar una investigación seria.

Como ya hemos señalado anteriormente, no se trata solamente de un escrutinio sobre su responsabilidad penal sino sobre la situación que cuestiona nuevamente su idoneidad para el cargo. No puede estar a cargo de la AFI un funcionario acusado de delitos graves y complejos, porque ello compromete el funcionamiento del máximo organismo de inteligencia pero además porque Arribas, por su cargo, tiene a disposición herramientas para obstaculizar cualquier tipo de investigación.

En consecuencia, repetimos nuestro reclamo para que el sistema político en su conjunto, el poder legislativo y el poder judicial ejerzan sus misiones institucionales, y así despejen todo tipo de dudas sobre la vinculación de las actividades económicas de Arribas con los circuitos de lavado dinero y de corrupción. También solicitamos al Presidente de la Nación que permita el control público de sus antecedentes y sus defensas, en el marco de una audiencia pública que se celebre en el ámbito del Congreso de la Nación. Los esfuerzos por respaldarlo sin argumentos y evitar el control sólo incrementan las sospechas.

Es por ello que desde la ICCSI le pedimos al titular de la AFI que su disposición a brindar explicaciones sea en público y de cara a la sociedad, asumiendo el compromiso sincero de informar con respaldo documental todo lo necesario para aclarar las graves acusaciones en su contra.