Las organizaciones que integramos la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión anunciada por el recientemente electo Presidente de la Nación en relación a la designación de quienes tendrán la responsabilidad de dirigir la Agencia Federal de Inteligencia. El Director propuesto por el Presidente electo carece de formación y conocimientos sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia, estando así gravemente en duda su idoneidad profesional para desempeñar un cargo tan delicado. El único atributo invocado por el Presidente electo es que la persona designada es un hombre de su confianza, y éste no puede ser de ninguna manera el único atributo exigible o esperable para quien debe conducir al sistema de inteligencia nacional, cuya misión esencial es detectar amenazas a la defensa nacional y la seguridad interior.

La flamante Agencia Federal de Inteligencia fue creada por ley a principios de este año para reemplazar a la vieja SIDE, en el marco de una grave crisis institucional que puso en evidencia los vínculos espurios entre los servicios de inteligencia nacionales y algunos sectores de la justicia federal, y la falta de competencia de un organismo que ha estado históricamente abocado al espionaje político. Podemos identificar como alguno de los objetivos de la reforma emprendida la redefinición de la estructura institucional, la reducción del uso de fondos reservados, el establecimiento de mayores exigencias para la rendición y control de dichos fondos, la limitación del principio de secreto, el fortalecimiento de la conducción política del organismo. Asimismo dispuso el traspaso de las escuchas telefónicas desde la ex Side al ámbito de la Procuración General de la Nación, en lo que entendemos fue un intento por dar luz a una de sus prácticas más oscuras.

Sabemos que la ley por sí misma no modifica prácticas de fuerte arraigo institucional, y sabemos también que la implementación de la nueva ley y su decreto reglamentario han estado muy lejos de lo esperado. De allí el desafío aún pendiente de construir un sistema de inteligencia eficaz y respetuoso de los principios del estado de derecho, y abandonar definitivamente el viejo modelo que hacía de la ex Side un recurso estratégico para que el Poder Ejecutivo Nacional interviniera ilegal e ilegítimamente sobre la arena política, lo que al mismo tiempo permitía intromisiones indebidas en el sistema judicial.

Sería un verdadero cambio democrático que quienes ocupen la Presidencia de la Nación prescindieran de estos mecanismos para el ejercicio del poder.

La nueva ley –lamentablemente- no establece requisitos especiales para ocupar la Dirección y Subdirección General de la AFI, ni garantiza ningún tipo de estabilidad para el cargo, pero sí dispone que sus nombramientos deben gozar del acuerdo del Senado de la Nación.

El riesgo de que las actividades de inteligencia comprometan la privacidad y los derechos de los ciudadanos y que por sus formas de trabajo- amparadas en el secreto- violenten la vida política y democrática del país, exige que la decisión sobre quienes deben conducir el organismo sea responsabilidad del PEN, así como también de un órgano del Congreso de la Nación.

Lamentablemente, el futuro titular del organismo no reúne condiciones que pudieran vislumbrar una apuesta por la profesionalización del sector. Tampoco reúne tales condiciones quien lo acompañaría en esa responsabilidad como Subdirectora, ya que la misma ha sido señalada públicamente por mantener vínculos con quienes fueron responsables del descontrol del sector. Y también es conocida su participación en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, comisión que conocemos más por su parálisis que por el cumplimiento de su función de control.

El nuevo Presidente de la Argentina tiene la libertad de proponer los nombres que considere competentes. Sin embargo, y teniendo en cuenta la investigación judicial por escuchas ilegales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entendemos que sería una buena señal para la ciudadanía que tomara tal decisión garantizando a los argentinos que tales prácticas no se repetirán en un futuro.

Esperamos también que el Congreso de la Nación asuma con responsabilidad su rol, habida cuenta de los daños que el viejo sistema de inteligencia nacional ha producido en la confianza ciudadana por las instituciones del Estado, y las amenazas que ha representado para la gobernabilidad democrática.